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¿Quién está sujeto a la Ley de Transparencia?

Además de todas las instancias del Estado y empresas públicas o participadas por la Administración, también los particulares, las empresas privadas y las organizaciones deben hacer públicos sus datos. Han de cumplir al menos uno de estos requisitos:

  1. Recibir en un año ayudas públicas o subvenciones de más de 100.000 euros.
  2. Que el 40% de sus ingresos respondan a una ayuda pública o subvención, si sus ingresos superan los 5.000 € anuales.
  3. Empresas que realizan obras o servicios públicos.
  4. Los grupos de interés (lobbies) declarados —en Catalunya—.

El responsable último es la persona física o el máximo directivo de la persona jurídica.

Las sanciones máximas previstas implican la restitución del daño económico causado, la responsabilidad penal en la que se hubiera incurrido y la pérdida de derechos adquiridos. La norma catalana perfecciona y aumenta la ley estatal con multas de hasta 12.000 €, suspensión de capacidad de contratar con la Administración de hasta 6 meses e inhabilitación para recibir ayudas públicas de hasta cinco años.

¿Qué tipo de contenido hay que publicar?

Las normas indican una serie de datos que se deben facilitar en tres supuestos, pero en los pliegos de condiciones para acceder a una subvención, ayuda pública o contrato de servicios, cada Administración es libre de fijar nuevas obligaciones:

  • Obras y servicios públicos. Hay que declarar el objeto del contrato, la duración, el importe de licitación y el de adjudicación, el procedimiento para su celebración y las posibles modificaciones que surjan en el contrato. También, si es el caso, las razones de desistimiento y de renuncia al contrato. La ley estatal prevé que los contratos menores puedan publicarse conjuntamente de forma trimestral. La catalana exige, además, la publicación de las condiciones y obligaciones relativas a la calidad, al acceso al servicio y a los requisitos de prestación; los derechos y deberes de los usuarios del servicio público; la identificación de quién tiene la facultad de inspección, control y sanción en relación a la prestación del servicio; y los procedimientos que tienen los ciudadanos para tramitar quejas y reclamaciones.
  • Convenios de colaboración. Se deben identificar las partes firmantes, el objeto, el período de vigencia, las modificaciones del convenio, las obligaciones de prestación y la contrapartida económica. La norma estatal fija que hay que indicar qué subcontrataciones se producen para el cumplimiento del convenio.
  • Subvenciones y ayudas recibidas. Hay que explicar el objetivo, el importe y los beneficiarios. La norma catalana prevé que cuando superen los 10.000 euros se incluyan las retribuciones de los órganos de dirección y administración del receptor.

La norma catalana exige también la identificación de los cargos directivos y de sus retribuciones si la empresa u organización que obtiene un contrato por obra o prestación de servicios públicos o firma un convenio de colaboración recibe fondos públicos que superan el 25% de su cifra de negocio.